Nota de prensa

15/12/2014

El gobierno no quiere traductores e intérpretes profesionales ni en las comisarías ni en los juzgados españoles

Colectivos profesionales y académicos denuncian que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende aprobar el Gobierno supone una gran amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal.

Demandan que se garantice la cualificación de los intérpretes y que no se ceda ante la presión de las macroempresas que actualmente prestan este servicio y que envían a personas no profesionales, en algunos casos,  incluso con antecedentes penales.

Una mujer extranjera víctima de violencia machista a la que su intérprete aconseja volver con su maltratador. Un marinero senegalés a quien el intérprete extorsiona en un caso de tráfico de drogas. Un intérprete que filtra información al proxeneta tras asistir a una víctima nigeriana de trata. Estas situaciones se están produciendo en nuestros tribunales y comisarías sin que hasta ahora se haya hecho nada por evitarlo.

El Partido Popular podía atajar el vacío legal que hoy en día permite que cualquier persona sin la formación adecuada actúe como traductor en las comisarías y juzgados españoles, mediante la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Sin embargo, la pasada semana el partido del Gobierno rechazó en el Congreso de los Diputados las enmiendas presentadas por todos los grupos políticos de la oposición al proyecto de ley que reforma la LECrim con la finalidad de transponer la normativa europea al respecto. Esta total ausencia de voluntad de consenso ha sorprendido al resto de grupos políticos, al tratarse de una cuestión que, por su importancia, no debería plantear confrontación ideológica alguna.

Actualmente el servicio de intérpretes en las comisarías y juzgados españoles lo gestionan macroempresas que envían a personas no cualificadas, en algunos casos incluso con antecedentes penales, para intervenir en tomas de declaración y juicios. Son muchos los y las profesionales con formación que se niegan a trabajar para dichas empresas, que pueden cobrar hasta 50 euros por hora de la administración de justicia y, sin embargo, abonan 8 euros por hora a los y las intérpretes que realizan el servicio.

La reforma de la LECrim que plantea el PP no recoge ninguno de los mecanismos expuestos en las directivas aprobadas por la UE para garantizar la calidad de los traductores e intérpretes que trabajan en comisarías y tribunales, un sector profesional nuevo con un gran intrusismo profesional que supone además una gran amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal.

Rechazo de los profesionales y académicos al proyecto de ley

Ante esta situación y respaldados por la Conferencia de Rectores (CRUE) y ONG internacionales como FairTrials, numerosos colectivos de intérpretes y traductores profesionales, aglutinados bajo la Red Vértice y FILSE, y las facultades de traducción e interpretación de las universidades españolas, reunidas en la CCDUTI, muestran su total rechazo al actual proyecto de ley y piden al Ministerio de Justicia que tenga en consideración las enmiendas, que permita a los ponentes del Partido Popular negociarlas con los otros partidos y que, por tanto, no se someta a las presiones de las empresas que gestionan actualmente los servicios.

«Hay que aprovechar la oportunidad de reformar la LECrim y regular como es debido un servicio de calidad según la normativa europea, o no se podrá impartir justicia con garantía alguna si son personas no cualificadas las que realizan este trabajo», indica Juan Miguel Ortega, Presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ).

Si el jueves 18 de diciembre el PP aprueba con sus votos en el pleno del Congreso la reforma de la LECrim en los términos actuales, permitirá contratar a las personas no profesionales que están trabajando actualmente solo con acreditar su experiencia en juzgados y comisarías y sin necesidad de que se sometan a prueba alguna para demostrar su competencia mínima como intérprete judicial.