En 2009, 13 estados de la UE presentaron una serie de medidas nuevas que permitirán a los ciudadanos europeos sometidos a un procedimiento penal en un país europeo cuyo idioma desconocen disfrutar de un servicio de interpretación y traducción durante todo el procedimiento.
El objetivo de estas medidas es crear un marco normativo europeo en este ámbito.
Los servicios de interpretación y traducción deben facilitarse a las personas implicadas durante la instrucción, el interrogatorio policial, la comunicación con los abogados, la traducción de las partes principales del expediente, etc.
Además, debe ofrecerse asistencia a las personas que tengan problemas de expresión o audición. En algunos casos, se pueden utilizar los medios tecnológicos, como el teléfono o Internet, para agilizar la comunicación.
Los servicios lingüísticos serán facilitados por profesionales acreditados a nivel nacional y su coste correrá a cargo del estado miembro donde tenga lugar el procedimiento penal en cuestión.
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