7 de julio 2014
La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales, Jurados y Policiales (APTIJ) y la Red Vértice de asociaciones de profesionales de la traducción, interpretación y corrección desean expresar su total desacuerdo con los representantes del Ministerio de Justicia en lo referente a la transposición de la Directiva 2010/64 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.
En la actualidad, los servicios de traducción e interpretación de los juzgados y la policía se vienen prestando en su inmensa mayoría a través de la subcontratación a empresas adjudicatarias. Por desgracia, las condiciones laborales se han visto gravemente mermadas en las sucesivas licitaciones, por lo que ya no se puede garantizar la calidad del servicio prestado. Prueba de ello son los anuncios en portales de búsqueda de empleo pidiendo literalmente «traductores sin estudios» para trabajar en los juzgados y la policía.
Según declara, el Ministerio de Justicia tiene intención de sancionar esta situación con la creación de un Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales, necesario para cumplir con la directiva comunitaria, de dos maneras:
1) Omitiendo la organización de pruebas de acceso al registro conforme a parámetros de validez, objetividad y fiabilidad, cuando el resto de países comunitarios que cuentan con registros de este tipo realizan pruebas de acceso. El CGPJ, en su informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de las Víctimas del Delito alerta sobre la insuficiencia de los requisitos planteados para garantizar la calidad que recomienda la Directiva.
2) Incluyendo a personas jurídicas en el registro, es decir, a las empresas adjudicatarias que publican el tipo de anuncios mencionado. Esto va en contra del espíritu y la letra de la Directiva, que insta a crear «registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados».
Por todo ello, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales, Jurados y Policiales y la Red Vértice desean poner de manifiesto que este proyecto de Registro incumple flagrantemente la Directiva y va en contra de todo el asesoramiento prestado por el sector de la traducción y la interpretación profesional.
[Más información en la web de la Red Vértice: enlace al comunicado completo]