El gobierno no quiere traductores e intérpretes profesionales ni en las comisarías ni en los juzgados españoles

Nota de prensa

15/12/2014

El gobierno no quiere traductores e intérpretes profesionales ni en las comisarías ni en los juzgados españoles

 

Colectivos profesionales y académicos denuncian que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende aprobar el Gobierno supone una gran amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal.

 

Demandan que se garantice la cualificación de los intérpretes y que no se ceda ante la presión de las macroempresas que actualmente prestan este servicio y que envían a personas no profesionales, en algunos casos,  incluso con antecedentes penales.

 

Una mujer extranjera víctima de violencia machista a la que su intérprete aconseja volver con su maltratador. Un marinero senegalés a quien el intérprete extorsiona en un caso de tráfico de drogas. Un intérprete que filtra información al proxeneta tras asistir a una víctima nigeriana de trata. Estas situaciones se están produciendo en nuestros tribunales y comisarías sin que hasta ahora se haya hecho nada por evitarlo.

 

El Partido Popular podía atajar el vacío legal que hoy en día permite que cualquier persona sin la formación adecuada actúe como traductor en las comisarías y juzgados españoles, mediante la aplicación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Sin embargo, la pasada semana el partido del Gobierno rechazó en el Congreso de los Diputados las enmiendas presentadas por todos los grupos políticos de la oposición al proyecto de ley que reforma la LECrim con la finalidad de transponer la normativa europea al respecto. Esta total ausencia de voluntad de consenso ha sorprendido al resto de grupos políticos, al tratarse de una cuestión que, por su importancia, no debería plantear confrontación ideológica alguna.

 

Actualmente el servicio de intérpretes en las comisarías y juzgados españoles lo gestionan macroempresas que envían a personas no cualificadas, en algunos casos incluso con antecedentes penales, para intervenir en tomas de declaración y juicios. Son muchos los y las profesionales con formación que se niegan a trabajar para dichas empresas, que pueden cobrar hasta 50 euros por hora de la administración de justicia y, sin embargo, abonan 8 euros por hora a los y las intérpretes que realizan el servicio.

 

La reforma de la LECrim que plantea el PP no recoge ninguno de los mecanismos expuestos en las directivas aprobadas por la UE para garantizar la calidad de los traductores e intérpretes que trabajan en comisarías y tribunales, un sector profesional nuevo con un gran intrusismo profesional que supone además una gran amenaza a los derechos de las personas que se ven inmersas en un proceso penal.

 

Rechazo de los profesionales y académicos al proyecto de ley

 

Ante esta situación y respaldados por la Conferencia de Rectores (CRUE) y ONG internacionales como FairTrials, numerosos colectivos de intérpretes y traductores profesionales, aglutinados bajo la Red Vértice y FILSE, y las facultades de traducción e interpretación de las universidades españolas, reunidas en la CCDUTI, muestran su total rechazo al actual proyecto de ley y piden al Ministerio de Justicia que tenga en consideración las enmiendas, que permita a los ponentes del Partido Popular negociarlas con los otros partidos y que, por tanto, no se someta a las presiones de las empresas que gestionan actualmente los servicios.

 

«Hay que aprovechar la oportunidad de reformar la LECrim y regular como es debido un servicio de calidad según la normativa europea, o no se podrá impartir justicia con garantía alguna si son personas no cualificadas las que realizan este trabajo», indica Juan Miguel Ortega, Presidente de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ).

 

Si el jueves 18 de diciembre el PP aprueba con sus votos en el pleno del Congreso la reforma de la LECrim en los términos actuales, permitirá contratar a las personas no profesionales que están trabajando actualmente solo con acreditar su experiencia en juzgados y comisarías y sin necesidad de que se sometan a prueba alguna para demostrar su competencia mínima como intérprete judicial.

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El PP hurta el debate parlamentario en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para transponer la Directiva sobre la traducción y la interpretación en los procesos penales

       

En la reunión de la Comisión de Justicia del Congreso celebrada el 18 de noviembre, el PP rechazó sin debate alguno todas las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición al Proyecto de Ley Orgánica para la transposición de la Directiva 2010/64/UE sobre el derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales.

Madrid, 19/11/2014

Desde nuestras asociaciones, integrantes de la Red Vértice, y la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación de España (CCDUTI), deseamos una vez más denunciar el desprecio del Gobierno por los derechos fundamentales de los ciudadanos que esta Directiva defiende. La única explicación que encontramos a esta postura del PP es la falta de argumentos sólidos del propio Ministerio de Justicia para rebatir el contenido del grueso de las enmiendas presentadas.

Por primera vez en la historia de nuestro país, si se adoptara este Proyecto de Ley Orgánica tal cual está redactado, se crearía un registro de intérpretes y traductores sin prueba de acceso alguna, es decir, sin garantía de calidad profesional, dejando en manos de las empresas intermediarias adjudicatarias del servicio el cumplimiento de los requisitos fijados. Esta es una de las ocurrencias a las que nos tiene acostumbrados nuestro Ministerio de Justicia, que se niega a asumir la responsabilidad que le corresponde de velar por los derechos de los justiciables y se limita a sancionar a otros por su vulneración cuando el daño producido es ya irreparable. Es bien sabido que la Administración no dispone de recursos humanos ni materiales ni de procedimientos eficaces para la comprobación del cumplimiento de dichos requisitos, por lo que resulta indispensable una prueba objetiva de acceso a modo de garantía previa de calidad profesional, y no un sistema de sanciones a posteriori, cuando ya han sido lesionados los derechos que la Directiva persigue salvaguardar.

El Proyecto de Ley Orgánica insta al Gobierno a presentar una Ley del Registro de Traductores e Intérpretes Judiciales en el plazo de un año. Si tenemos en cuenta que este plazo acabará cuando la legislatura actual haya finalizado, creemos que este proyecto de ley no  tiene cabida tal como está redactado. Si el Ministerio de Justicia pretende promulgar la Ley del nuevo Registro unos meses antes de que acabe la legislatura en contra de todo el sector profesional y académico de la traducción y la interpretación del país, y de todos los grupos parlamentarios de la oposición, es decir, si decide no consensuarla con nadie a tan solo unos meses de las elecciones, debemos pedirle que retire el Proyecto de Ley Orgánica inmediatamente puesto que carece de toda legitimidad moral para tramitarlo. Tanto el sector profesional como el académico llevan años intentando asesorar al Ministerio de Justicia para una correcta transposición de la Directiva, y este ha hecho oídos sordos a nuestra principal reivindicación: la prueba de acceso, sin la cual el espíritu y la letra de la Directiva quedan desvirtuados por completo.

Si el Ministerio de Justicia desea que esta Ley Orgánica y la futura Ley del Registro salgan adelante, deberá llegar a un consenso social, en caso contrario lo mejor que puede hacer es retirarla y posponer la decisión para que sea consensuada.

Enlaces de interés:

-Vídeo: Interpretación judicial en España


 

Asociaciones integrantes de la Red Vértice

 



 

 

 

 

 

               

 

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En Sant Jordi, métete en la cama con un traductor

¿Con cuántos traductores te has metido en la cama? será el lema-pregunta de este año en los stands de APTIC en Barcelona y Girona.

 

Barcelona, 18 de abril de 2013. Como todos los años desde su constitución, APTIC participará en la Diada de Sant Jordi con un stand en la rambla de Catalunya de Barcelona. Como novedad, este año también estará representada en la Plaça de Catalunya de Girona.

Es muy habitual leer un rato antes de irse a la cama, pero poca gente se da cuenta de que a menudo se meten en la cama con un traductor o traductora, es decir, que lo que leen son las palabras de un traductor o traductora que los acerca a la prosa del autor.

En Sant Jordi, los profesionales de la traducción y la interpretación saldrán a la calle para reivindicar su tarea de mediación cultural y de difusión del saber universal.

Para dar juego al lema, en el puesto situado en rambla de Catalunya, 24 de Barcelona habrá una cama y varios traductores literarios dispuestos a meterse en la cama con sus lectores. Entre los traductores que participarán en esta performance estarán Anna Llisterri, traductora de la versión catalana de Juego de tronos, Tina Vallès, traductora al catalán de Mortadelo, Ainara Munt, traductora de Som com moros dins la boira?, Maria Llopis, traductora de Jezabel,etc. Además, se llevarán a cabo otras actividades lúdicas, como sorteos de libros, tanto mediante las redes sociales como el mismo día en la rambla.

La dirección del stand de APTIC (y la cama) es rambla de Catalunya, 24, entre Diputació y Gran Via. El stand de Girona estará en la Plaça de Catalunya.

Para obtener más información, pónganse en contacto con:
Comisión de Comunicación de APTIC
comunicacio@aptic.cat
Lluís Cavallé 677 81 04 08 – Paola Tormo 605 38 77 59
 

Llull, 63-69, 2n 7a
08005 Barcelona
Teléfono y fax: 93 667 56 24
secretaria@aptic.cat
www.aptic.cat

Horario: de lunes a viernes, de 10 h a 14 h

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